Miguel Ángel Flores argumenta su petición en que la aplicadora de justicia ha hecho una mala interpretación del artículo 25 de la Ley Especial de Lavado de Dinero y Activos, que reza:
"Art. 25.- Para el efecto de incautar o requerir la presentación de documentos bancarios, financieros o mercantiles, será necesaria la orden del Juez competente quien podrá expedirlas en cualquier etapa del proceso.
El Juez podrá en todo momento ordenar el congelamiento de las cuentas bancarias, el secuestro preventivo de los bienes de los imputados, mientras transcurre la investigación o proceso respectivo.
En casos de urgente necesidad, el Fiscal General de la República, podrá ordenar la inmovilización de las cuentas bancarias de los imputados, así como de los fondos, derechos y bienes objeto de la investigación, en los delitos a que se refiere esta ley; pero dicha inmovilización no podrá exceder de diez días, dentro de los cuales deberá darse cuenta al Juez competente. Quien fundamentará razonablemente sobre la procedencia o improcedencia de dicha medida conforme a la Ley".
En su revocatoria, el abogado indica que es con apelación subsidiaria, es decir que si la jueza no revoca - no falla a su favor- presentarán apelación en Cámara Primera de lo Penal.
La Fiscalía General de la República confirmó que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) logró que el Juzgado 7o. de Paz de San Salvador avalara congelar 45 cuentas bancarias que los procesados-en los que se encuentra de Saca- tienen a su nombre en diferentes instituciones del sistema financiero salvadoreño.
Entre los bienes e inmuebles y cuentas afectadas, no se incluyen los que están a nombre de las radios y agencias de publicidad que aparecen mencionadas en la acusación fiscal.